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30 de diciembre de 2016

ProHuerta invierte $34,3 millones en iniciativas de desarrollo rural


Para fortalecer las economías familiares, el programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA puso en marcha 167 proyectos en ocho líneas temáticas. Para 2017 se prevé una nueva convocatoria.

ProHuerta invierte $34,3 millones en iniciativas de desarrollo rural

Con una inversión de 34.290.838 de pesos, el programa ProHuerta, conducido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) y el INTA, puso en marcha 167 proyectos especiales orientados al fortalecimiento y desarrollo de las economías familiares en todo el país. Las iniciativas ya se encuentran en proceso de implementación y están distribuidas en ocho líneas temáticas: acceso al agua para uso integral, fortalecimiento de espacios y canales de comercialización, valor agregado en origen, producción hortícola para la venta de excedentes, cultivos locales, producción de granja con fines comerciales, educación y comunicación.

Para Ana Volpato, Subsecretaria de Políticas Alimentarias del MDS, esta cartera de proyectos especiales tiene un denominador común: “Se trata de devolverle a las comunidades postergadas una dignidad básica”, indicó. Y, en particular, se refirió a las experiencias asociadas al acceso al agua para uso productivo y reproductivo: “Garantizar el acceso al agua potable es fundamental para una política alimentaria, porque es un derecho y recurso indispensable para sostener cualquier modelo de desarrollo”.

Al respecto, la subsecretaria destacó que del total de proyectos en curso, 52 abordan la problemática del acceso al agua para uso integral. A su vez, anticipó que la meta para 2017 es financiar cerca de 180 proyectos específicos en esa temática en todo el país. “El acceso al agua es una de las demandas más sentidas de la agricultura familiar y abordar esta problemática permite profundizar las acciones de desarrollo”, afirmó Volpato.

En este sentido, Diego Ramilo, Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, expresó: “La apuesta es ampliar el apoyo y contribuir a la integración virtuosa de las distintas acciones orientadas al desarrollo en el territorio nacional, donde el ProHuerta tiene un rol fundamental”.

“El ProHuerta trabaja con la población más vulnerable en el ámbito urbano, periurbano y rural, en muchos casos en condiciones muy desfavorables”, dijo Ramilo, para quien la articulación entre distintos actores e instituciones conduce a generar transformaciones que mejoran la calidad de vida de las comunidades.

Los 167 proyectos abarcan problemáticas diversas e involucran a más de 4.500 personas de manera directa. A su vez, son llevados adelante junto a diversos actores locales (grupos, colectivos y redes, organizaciones de productores, comunidades y organizaciones de pueblos originarios, escuelas, ONG, medios comunitarios, entre otros) que trabajan en el territorio con los técnicos del INTA.

La primera convocatoria de estos proyectos especiales buscó fortalecer la generación de procesos de desarrollo local y organización social. Todas las propuestas tuvieron en cuenta como ejes transversales el enfoque de género, la adaptación al cambio climático, el fortalecimiento organizacional y la biodiversidad. Para el próximo año, ya se prevé una segunda convocatoria en la cual se incorporará una nueva línea temática: energías renovables.

Salto cualitativo

Para Ramilo, los pasos que están dando el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA en este nuevo ciclo del programa ProHuerta, “representan un salto cualitativo al avanzar hacia una mejora integral de su intervención en los territorios gracias a los nuevos proyectos especiales, que se constituyen como herramienta de transformación social muy poderosa”.

Las iniciativas de financiamiento a procesos locales orientados al desarrollo son parte de la estrategia de acción del programa, que lleva 26 años y, con 470 mil huertas familiares en todo el país, alcanza a más de 2,8 millones de personas. Si bien el ProHuerta continúa trabajando en sus líneas tradicionales enfocadas en las huertas agroecológicas, en esta etapa busca ampliar sus ejes temáticos, maximizando los recursos planificados para alcanzar efectos e impactos concretos y duraderos: “La base de la iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento organizativo para poder llevar adelante propuestas que no se acaban sólo con la implementación de un proyecto”, explicó Ramilo, “sino que suponen un escalamiento en las acciones de su desarrollo y un acercamiento a condiciones de mayor inclusión en sentido amplio”.

Orlando Torres pertenece a la comunidad wichí de La Esperanza, a 40 kilómetros de la ciudad de Embarcación, Salta. Todos los días, camina tres kilómetros para conseguir agua que carga en bidones de 20 litros. Gracias al ProHuerta podrá mejorar su calidad de vida.

Hacia otro modelo de extensión y apoyo al desarrollo

Gestión de financiamiento, facilitación, abordaje integral, satisfacción de necesidades estructurales, potenciar oportunidades, articulación territorial, intercambio de conocimiento y organización social. Son las claves de la propuesta actual del ProHuerta, en línea con el modelo de extensión y apoyo al desarrollo territorial que el INTA lleva adelante. Con una larga trayectoria, su tarea implica el involucramiento y compromiso institucional para ayudar a resolver los problemas más sentidos de la comunidad, promoviendo el intercambio de conocimiento entre todos los participantes, fortaleciendo la articulación público-privada.

De acuerdo con Ramilo, una efectiva “acción transformadora” puede ser construida “a partir de la gestión de instrumentos de política pública que brindan acceso a financiamiento y permiten generar proyectos que cambien la realidad de las familias, desde las propias demandas y oportunidades que plantea el territorio”.

En esa línea, el coordinador indicó que “según los niveles de desarrollo de las comunidades, aparecen distintos tipos de problemas cuyo abordaje exige distintas acciones y gestión de recursos”. De allí emerge, señaló, la necesidad de trabajar en forma integral. Como ejemplo, Ramilo explicó: “Si productores hortícolas familiares en los cordones periurbanos de cualquier ciudad, detectan junto al trabajo institucional que necesitan implementar riego o construir invernáculos para ganar en competitividad, los recursos de los proyectos especiales permiten dar ese salto que, de otra manera, sería muy difícil realizar”.

De acuerdo con el referente del INTA, la experiencia institucional junto a los destinatarios del programa indica que “las transformaciones más profundas, en cuanto a calidad de vida de los involucrados, se producen cuando se abordan y resuelven los problemas y oportunidades más sentidas, identificadas por las propias comunidades y sus organizaciones”. Para Ramilo, eso significa “comprometerse con el abordaje integral y el fortalecimiento organizacional”.

Pensar en la acción institucional únicamente desde la capacitación, entendida como transferencia tecnológica o a partir de visitas a los productores familiares, no necesariamente garantiza que se logren procesos de inclusión y fortalecimiento organizacional. En especial, agregó Ramilo, para los productores muy postergados en cuanto a factores productivos.

“El rol de los profesionales ligados al programa está relacionado fundamentalmente con la facilitación junto a las comunidades, para identificar los problemas y oportunidades, y la construcción participativa de respuestas apropiadas a las condiciones socioeconómicas, productivas, culturales y ambientales de los actores involucrados”, expresó Ramilo. En este sentido, la gestión de financiamiento necesario para llevar adelante las respuestas planificadas hace la diferencia a la hora de obtener impactos y efectos territoriales.

 

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