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22 de abril de 2014

Políticas represivas que afectaron a la investigación y extensión


Un estudio de revisión histórica analiza el efecto del gobierno militar en distintas líneas de trabajo institucional del INTA. Genética, Suelos, Economía y sociología y Extensión fueron las áreas más perjudicadas.

Políticas represivas que afectaron a la investigación y extensión

Con 83 años y ya jubilado, a Siegfrido Kraft lo tomó por sorpresa el interés que despertó su caso: tras 17 años al frente de un equipo de genética en busca de una raza aviar nacional, la dictadura que intervino al INTA lo expulsó sin justificación y destruyó una investigación sin precedentes con la desaparición simbólica de 2.500 gallinas.

Investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (Unsam) y becaria doctoral del Conicet, Cecilia Gárgano lo expuso en el artículo “Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria“, parte de un trabajo que analiza el impacto del gobierno de facto en el organismo. Para la historiadora, “es necesario contextualizar el caso particular de un equipo de investigación en un proceso general de cambio en las agendas de investigación y extensión”.

Cinco días después del 24 de marzo de 1976, con el INTA ya intervenido, hubo un operativo militar en el centro de investigaciones de Castelar. A las cesantías iniciadas en 1973 por “razones de seguridad”, el accionar represivo sumó detenciones y secuestros de los trabajadores del INTA, con al menos cinco desaparecidos.

La dictadura sistematizó situaciones que afectaron negativamente a diversos espacios de trabajo, con la convicción de que el Estado debía subsidiar a la actividad privada. Esas medidas, explicó Gárgano, “articuladas con una fuerte reorientación de la política agropecuaria, muy liberal, más distintas transformaciones a escala nacional, resultaron en un aumento importante de la apropiación privada de los conocimientos públicos”.

El área de Extensión fue reorganizada, disminuyó la inserción comunitaria, se discontinuó el trabajo con juventudes a través de los clubes 4A y se instaló el asesoramiento técnico de perfil empresarial.

En 1975 fue desarmado el equipo de extensionistas y detenidos los técnicos que trabajaban junto a la cooperativa agropecuaria Campo Herrera en Famaillá –Tucumán–, la primera del país impulsada por el INTA.

Algo similar sufrieron quienes tenían contacto con las Ligas Agrarias del NEA.

Para la historiadora, “es necesario contextualizar el caso particular de un equipo de investigación en un proceso general de cambio en las agendas de investigación y extensión”.

Los estudios sociales dejaron de lado los grandes problemas del agro y la desintegración a nivel nacional, en un contexto de fuerte concentración de la actividad, cuya contracara fue la crisis de economías regionales, pequeños productores y el agravamiento de las condiciones de vida rural. “Destinatarios de los conocimientos producidos y protagonistas de la expansión agrícola coincidieron, al igual que lo hicieron los sujetos agrarios, que quedaron fuera de las agendas de trabajo y aquellos desplazados por los principales efectos de la ´modernización agrícola´”, dijo Gárgano.

“El INTA era la presencia del Estado en los lugares más recónditos del país, era el brazo tecnológico-agropecuario para un proyecto de país con inclusión social y ganancias para todos”, reflexionó el sociólogo Guido Prividera, del IPAF Región Pampeana. “Si el modelo económico vigente era la renta financiera, el INTA no tenía sentido”, aclaró. Esa definición llevó a que los represores “no sólo desaparecieran a la gente, sino que desaparecieron líneas de trabajo enteras que nos hicieron retroceder décadas”, remarcó.

“Con la excusa de la subversión”, dijo Prividera, “se persiguió, asesinó, desapareció y/o expulsó del país a quienes trabajaban en líneas de investigación y extensión al servicio del bien común”.

En el área de Extensión se obstruyó el trabajo con asociativismo y pequeños productores. Se intentaba “retraer al INTA a un mero ente productivista al servicio del capital concentrado, sin ningún papel en el desarrollo rural”, indicó el sociólogo. También fueron afectadas las áreas de Suelos y de Economía y sociología, en la cual “quemaron muchos trabajos científicos de un valor incalculable”, añadió.

En este contexto, trabajadores del instituto formaron una Comisión de Reparación Histórica para echar luz sobre los interrogantes que aún existen, que cuenta con la participación de Prividera, motivado porque su madre, Marta Sierra, es uno de los cinco investigadores del INTA que se sabe que fueron desaparecidos. La lista se completa con María José Rapela de Mangone –que estaba embarazada–, Rita Alés de Espíndola, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y Carlos Alberto Costa Rodríguez.

Con esa comisión dedicada a la reparación histórica, un acuerdo que enmarca la investigación y el apoyo institucional del INTA, en línea con definiciones del gobierno nacional, la memoria se hace fuerte. “No podemos traer a la vida a los que fueron víctimas del genocidio”, afirmó Prividera, “pero podemos pensar y construir otro futuro”.

Ir a  versión en PDF del INTA Informa Impreso #142