17 de noviembre de 2010

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El legado de la siembra directa: u$s 44.360 M


La adopción de esta tecnología en la Argentina acumuló un significativo beneficio económico para productores y consumidores. Un trabajo realizado por el Instituto de Economía y Sociología del INTA.

El legado de la siembra directa: u$s 44.360 M

“Es la primera vez el Instituto recibe una distinción de este calibre. Es un reconocimiento a un esfuerzo de años y, obviamente, es un incentivo muy fuerte para seguir trabajando”, expresó Eugenio Cap –director del Instituto de Economía y Sociología (IES) del INTA– en referencia al premio a la trayectoria “Ing. Agr. José María Bustillo” entregado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV).

En el marco de la distinción –que se realizaró en la sede porteña de ese organismo– Cap disertó sobre el impacto económico de la adopción de la siembra directa (SD) en la Argentina. Con respecto a esto, indicó que “desde 1991 hasta 2008, la adopción de esta tecnología por los productores  argentinos tuvo un impacto estimado en 44.360 millones de dólares”.

Esta tecnología, que empezó a desarrollarse en la década del 60, con el impulso de instituciones públicas y privadas, hoy es utilizada en el 75% de la superficie cultivada en el país –alrededor de 22.300.000 hectáreas–.

Se ha estudiado bastante el proceso, la historia, los protagonistas, las implicancias para la conservación del suelo, pero hasta ahora, no había un trabajo que le pusiera números al impacto económico de la siembra directa”, expresó Cap, uno de los autores del estudio que cuantificó los beneficios de la innovación tecnológica para productores y consumidores.

En cuanto a los beneficios acumulados, Cap destacó aquellos generados por la combinación del incremento de producción y la reducción de costos directos, se estiman en más de 20 mil millones de dólares. Además, desde una perspectiva social, la adopción de la SD mejoró la situación de los consumidores de todo el mundo al aumentar su ingreso real –debido a la reducción de los precios en los alimentos–, estimada en más de 23 mil millones de dólares.

“Los beneficios para el consumidor se calcularon por razones de simplicidad, a partir de la reducción del precio internacional del maíz y de la soja que, normalmente, es transmitida a lo largo de las cadenas y se refleja –si no hay distorsiones serias en los mercados– en el precio final de los alimentos a nivel de consumidor”, explicó Cap.

Para el especialista, además de describir “un caso realmente notable por la magnitud del éxito de la gestión público-privada en la generación de un bien público”, el estudio “intenta hacer justicia con una tecnología cuyas contribuciones no han sido adecuadamente justipreciadas, tanto en la aportes positivos en la gestión económico-financiera de los sistemas productivos agrícolas como en las implicancias a los niveles sectorial y global de su adopción por los productores argentinos”.

Asimismo, explicó: “Nos queda como tarea pendiente la cuantificación e implicancias futuras de la mejora en los indicadores de sustentabilidad ambiental de dichos sistemas en el mediano y largo plazo, sustentabilidad que, hasta hace aproximadamente cuarenta años estaba seriamente amenazada por el deterioro de la estructura del suelo”.

Aunque los investigadores y extensionistas que se reunieron en Marcos Juárez –Córdoba– en 1977 para iniciar este desarrollo no podían predecir la magnitud del impacto que tendría esta tecnología. Décadas después, el esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional que se iniciaba formalmente en esa ocasión, tanto por los cambios que indujeron en la forma de hacer agricultura, como en las magnitudes de los beneficios cuantificables generados.

“Es muy difícil cuantificar el impacto positivo sobre la base de los recursos naturales”, advirtió Cap, “pero sí podemos asegurar que ahora la probabilidad de que las generaciones futuras puedan seguir explotando esos suelos es alta, algo que hace 40 años se ponía en duda en todos los sistemas”. En este sentido, el director destacó que esta innovación representó un solución al problema de la divergencia entre costos privados y costos sociales, que sigue siendo un desafío preocupante en otros temas asociados con la producción agropecuaria.

La investigación –realizada conjuntamente por Eduardo Trigo, Federico Villareal (ambos del Grupo CEO), Valeria Malach y Eugenio Cap (IES)– fue sometida a una rigurosa revisión internacional antes de su publicación y, lejos de ser un borrador en discusión, constituye un documento oficial del INTA con resultados que “no sobreestiman el pasado ni las proyecciones al futuro”, indicó Cap. 

También explicó que el impacto económico a los consumidores es medido a través de una reducción en el precio internacional de los alimentos, como consecuencia del aumento de la oferta argentina a los mercados de soja y maíz, debido a la adopción de esta tecnología por los productores nacionales, que tuvieron incrementos en sus ingresos brutos y reducciones en sus costos de producción.